Directora de Ciencia Política, UCEN
El informe presentado recientemente por Naciones Unidas sobre Venezuela, deja al país en el primer plano del escenario internacional. No obstante, no es la primera vez que este organismo alerta sobre la violación de los derechos humanos en el territorio venezolano. Ya en 2019 se había presentado un informe que también dio cuenta de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, casos de torturas, persecución política, incluso, de la violencia de género, que se comete hacia el pueblo venezolano, con la participación de los organismos de seguridad del Estado.
La forma y los fondos políticos con los que generalmente se aborda el caso venezolano en Chile, se condicen poco con la evidencia internacional sobre los crímenes cometidos por el régimen de Maduro; más bien, se observa una instrumentalización y una politización polarizada de esta crisis humanitaria, a favor de las dicotomías del eje derecha – izquierda.
Desde los sectores de derecha, se levanta un discurso sobre Venezuela en torno al concepto del “Chilezuela”. Se alude al miedo porque “la Constituyente conduce hacia ese camino”, y se dice que la izquierda chilena apoya a la izquierda de Maduro. Mientras algunos sectores de izquierda, utilizan la crisis venezolana para reprochar la opacidad histórica de sectores políticos que no han condenado la violación a los derechos humanos ocurridos en Chile, incluidos, los hechos de represión del estallido social del 2019.
Parte del problema, es que ninguno de los ejes (izquierda – derecha) se pregunta, en tanto comunidad internacional y actores públicos ¿cómo contribuimos a una salida democrática en Venezuela?
No se busca, genuinamente, comprender y ayudar a superar la tragedia del pueblo venezolano con la seriedad que merece. No es un asunto de ideologías políticas, es un tema ético y humanitario, que por cierto, en algún sentido, está en muchas partes del mundo, incluido Chile, donde viven cerca de medio millón de venezolanos, que han llegado escapando de la crisis.
Condenar la violación de los derechos humanos en Venezuela, es condenarla en cualquier lugar del mundo, especialmente en Chile; no hay contradicción alguna en este hecho, empero, seguir hablando de Venezuela, cuando se quiere hablar de Chile para sumar o restar votos, no es la forma de contribuir, ni a los asuntos políticos nacionales en el contexto constituyente, ni al debate de la democracia en la región. Menos, aporta a la comunidad venezolana.
Para destrabar la polarización del “Chilezuela” y contribuir a una reflexión que reivindique a la democracia y al rol del Estado en su papel de garante de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, independientemente de sus preferencias políticas, es necesario decir, sin matices, y con la claridad ética que deriva de la evidencia, que en Venezuela no hay un gobierno de izquierda. Nicolás Maduro, encabeza una dictadura que ha destruido la institucionalidad democrática en el país, dejando al pueblo venezolano en la más absoluta indefensión.
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